Unión Europea
La UE acude con grandes expectativas y compromisos poco definidos
Los Veintisiete tienen el convencimiento de que el bloque seguirá liderando los esfuerzos contra el cambio climático, pero sin adelantar cifras de ayuda a los países en desarrollo y sin compromisos claros. Sin embargo, la UE espera que la conferencia de la ONU sea un éxito y de ella salga un acuerdo vinculante que incluya objetivos nacionales de reducción de emisiones y cifras de financiación a países en desarrollo.
La UE se comprometió el pasado diciembre a recortar en 2020 sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) un 20% con respecto a los niveles de 1990 y ofrecieron elevar esa reducción al 30% si otros países realizan "esfuerzos comparables". Sin embargo, no ha concretado qué consideraría un esfuerzo equivalente, por lo que el paso al 30% quedará con toda probabilidad en el aire hasta el final de las negociaciones de Copenhague.
A largo plazo (2050), los europeos ofrecen una reducción de entre el 80 y el 95%, también condicionada a que otros países industrializados hagan el mismo esfuerzo. De las naciones en desarrollo, más que un recorte de emisiones se espera que tomen medidas para limitar entre un 15 y un 30% el crecimiento de sus proyecciones de emisiones. La UE espera, por otro lado, que el nuevo acuerdo fije objetivos de reducción de emisiones para sectores que habían quedado fuera del Protocolo de Kioto como la aviación y el transporte marítimo, para los que propone recortes en 2020 del 10 y el 20%, respectivamente, con respecto a los niveles de 2005. Asimismo, confía en que en Copenhague se acuerden medidas para reducir la deforestación, ya que un 20% de las emisiones contaminantes del mundo proceden de la desaparición de bosques.
Financiación y 'deuda' con los países en desarrollo
En materia de financiación de la lucha contra el cambio climático, la UE es consciente de que el mundo industrializado tiene una deuda con los países en desarrollo que sufren las consecuencias sin ser históricamente responsables de las emisiones contaminantes y asegura que está dispuesta a contribuir de manera justa a la ayuda internacional que se acuerde para estas naciones. Sin embargo, de momento, se ha limitado a hacer apreciaciones generales de las necesidades de financiación sin concretar cuál será su aportación.
La UE admite que los países en desarrollo necesitarán alrededor de 100.000 millones de euros anuales a partir de 2020, de los que entre 22.000 y 50.000 millones de euros deberían proceder de la financiación pública internacional, mientras que el resto vendría de los propios países en desarrollo (financiación pública y privada) y de los ingresos del mercado de carbono.
Los socios comunitarios también asumen que antes de que entre en vigor un nuevo texto legal para sustituir al Protocolo de Kioto, el 1 de enero de 2013, habrá que adelantar entre 5.000 y 7.000 millones de euros anuales para el periodo 2010-2012, ya que sin ese apoyo los países en desarrollo no podrán poner en marcha sus planes ambientales nacionales.
Por otra parte, la UE ha dejado abierta una cuestión más técnica pero de gran importancia: la posibilidad de utilizar los derechos nacionales de emisión que estableció el Protocolo de Kioto, una vez expire este acuerdo a finales de 2012. Los europeos se han limitado a señalar que la transferencia de derechos de emisión deberá abordarse de manera no discriminatoria, a fin de que no afecte a la integridad medioambiental del acuerdo de Copenhague. La transferencia de créditos no utilizados más allá de Kioto supondría importantes ingresos para los países del este de la UE, así como para Rusia y Ucrania, que tendrían la posibilidad de venderlos a otros estados.